By David Aragort

Un “Gran Hermano” en Venezuela

Un informe publicado recientemente por una de las principales empresas de telecomunicaciones en Venezuela confirmó lo que muchos habían temido durante mucho tiempo: la vigilancia estatal en el país ha alcanzado una escala masiva.

El informe de Telefónica (empresa matriz de Movistar Venezuela) reveló que más de 1,5 millones de líneas telefónicas de sus usuarios fueron afectadas por interceptaciones de comunicaciones durante 2021. Según las más recientes cifras de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), esto representaría casi 20% del total de usuarios de Movistar en Venezuela.

A diferencia de la censura en internet y los bloqueos a sitios web, la vigilancia estatal es mucho más complicada de identificar, especialmente en contextos donde no existe Estado de derecho, separación de poderes o transparencia institucional. Durante muchos años se asumió que el régimen venezolano espiaba personas de interés como periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y más. Pero incluso algunos de los oponentes más críticos del régimen, incluyéndome — un defensor de derechos digitales que ha sido entrenador en seguridad digital de periodistas y activistas de Venezuela y otros países de Latinoamérica y el Caribe —, nos sorprendimos al descubrir la escala real de la vigilancia hacia la sociedad civil en Venezuela.

En 2020 el exdirector del servicio nacional de inteligencia venezolano (SEBIN), Cristopher Figuera, reconoció que las empresas de telecomunicaciones del país cooperan con el Estado para proveer información sobre la actividad de sus usuarios, espiar sus comunicaciones privadas e incluso colaborar con la ejecución de ciberataques para tomar el control de sus cuentas en plataformas digitales. Algunas de estas alegaciones fueron corroboradas en las conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

A pesar de que Figuera señala en una entrevista con Código 58 que estas prácticas fueron usadas contra adversarios políticos o personas de interés, el informe de Telefónica sugiere una operación a una escala mucho más grande que la vigilancia dirigida solo contra estos grupos.

El informe de Telefónica detalla tanto el número de solicitudes recibidas para la interceptación de comunicaciones y datos de tráfico en tiempo real, como el número de accesos (líneas telefónicas) afectados, mostrando un aumento significativo en ambas cifras entre 2017 y 2021. Pero también incluye información sobre solicitudes de acceso a metadatos, los cuales también pueden revelar mucha información sobre los usuarios y su actividad, como la fuente y destino de una comunicación específica; fecha, hora y duración; ubicación aproximada del dispositivo del usuario y más.

Para poner en contexto por qué las revelaciones sobre Venezuela en el informe de Telefónica son tan impactantes, el siguiente gráfico muestra la proporción de accesos afectados por “interceptaciones legales” en 2021 por país. De esta forma, se evidencia que la cifra de Venezuela es cuatro veces más grande que la de los otros 11 países incluidos en el informe juntos. De hecho, Venezuela acumula casi el 81% de todos los accesos afectados por interceptaciones de Telefónica en 2021.

Si bien esto es extremadamente alarmante, se trata solo de la punta del iceberg. Movistar posee poco menos del 50% del total de usuarios de telefonía móvil en Venezuela, mientras que la otra mitad se divide prácticamente a partes iguales entre Digitel y la empresa estatal Movilnet.

Al ser una empresa establecida en la Unión Europea, Telefónica destaca su debida diligencia en materia de derechos humanos, resaltando en el informe que han recibido evaluaciones positivas en auditorías como el Índice de Responsabilidad Corporativa elaborado por Ranking Digital Rights en 2020 y el proceso de evaluación independiente de la Global Network Initiative. Sin embargo, reconocen los desafíos que conlleva operar en un país como Venezuela, por lo que la compañía explica en el informe que deben priorizar el cumplimiento de la legislación vigente, el mantenimiento de la conectividad en el país y el bienestar de sus empleados.

Pero a diferencia de Movistar, Movilnet no está obligada a rendir cuentas a ninguna empresa europea, sino que responde exclusivamente a los intereses del Estado venezolano y, por lo tanto, a quienes se encuentran en el poder. En lo que se refiere a bloquear el acceso a sitios web y plataformas digitales, CANTV (otra empresa de telecomunicaciones estatal) es mucho más arbitraria y radical que Movistar. Si lo mismo ocurre con las interceptaciones de comunicaciones, la situación de Movilnet probablemente sea incluso más alarmante que la de Movistar. Pero, al menos por ahora, aún hay mucho que desconocemos al respecto.

El artículo 48 de la Constitución venezolana establece el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. De igual forma, establece que las mismas no pueden ser interferidas sino por orden de un tribunal competente. Sin embargo, el informe de transparencia de Telefónica incluye como “autoridades competentes” no solo a fiscales y agencias policiales, sino también a una universidad pública dedicada al entrenamiento policial.

Además de la cooperación de las empresas de telecomunicación, existen otros indicios de que el Estado venezolano está vigilando a sus ciudadanos. En 2020 el Proyecto FADe reveló que Caracas fue la ciudad en la que se identificó un mayor número de potenciales IMSI Catchers, por encima de Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile o La Paz. Un IMSI Catcher es un dispositivo que simula ser una torre de telefonía celular para llevar a cabo acciones de vigilancia en los teléfonos de los ciudadanos.

Pero Venezuela está lejos de ser el único país en utilizar herramientas de vigilancia digital. El autoritarismo digital también es una tendencia en crecimiento en otros países de Latinoamérica y el Caribe. En Cuba, por ejemplo, desde al menos 2016 los mensajes de texto que contienen palabras clave como “libertad” o “derechos humanos” son filtrados y, durante las manifestaciones y cortes de internet a nivel nacional de 2021, la lista también incluyó palabras como “VPN” o “Psiphon”. En El Salvador, los teléfonos de periodistas y activistas fueron infectados con el virus espía Pegasus, el cual solo se vende a gobiernos. También, nuevas leyes y proyectos de ley se han promovido para regular el contenido que los ciudadanos pueden publicar en plataformas digitales, promoviendo la autocensura en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Mirando al futuro y defendiéndonos

Miembros de organizaciones en riesgo como periodistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales y políticos deben tomar medidas para proteger la privacidad y seguridad de sus comunicaciones:

• Evitar el uso de llamadas telefónicas o la mensajería de texto convencional para comunicar temas sensibles. En cambio, se recomienda el uso de aplicaciones de mensajería instantánea que cuenten con cifrado de extremo a extremo como Signal o incluso WhatsApp. Estos servicios también permiten llamadas de audio y video con cifrado de extremo a extremo.
• Configurar métodos de autenticación en dos factores que no involucren la mensajería de texto (dado que los códigos incluidos en estos mensajes pueden ser fácilmente interceptados por agencias estatales con la ayuda de las empresas de telecomunicaciones), como llaves de seguridad físicas o aplicaciones como Authy en cuentas de redes sociales, correo electrónico y aplicaciones de mensajería instantánea siempre que esté disponible.

Si bien es poco lo que se puede hacer para detener la interceptación de comunicaciones a través de las empresas de telecomunicaciones, especialmente en contextos represivos y autoritarios, es posible aumentar la presión sobre estas compañías para exigir transparencia sobre estas violaciones a la privacidad. También, es necesario concientizar sobre este problema entre la sociedad civil a nivel nacional e internacional. La incidencia transfronteriza será crítica en la lucha por mayor transparencia alrededor de la vigilancia estatal en Venezuela y otros países que emplean estas prácticas contra sus ciudadanos.

Author Bio: David Aragort es un defensor de derechos digitales e investigador trabajando en la intersección entre tecnología, democracia y derechos humanos, con especial énfasis en internet, libertad de expresión y derechos digitales. También es fellow de la iniciativa Open Internet for Democracy y parte de la red alumni de Internet Society y Alliance of Democracies.