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Derechos Digitales y Democracia: Censura en Internet en Venezuela

Pancarta con los colores de la bandera venezolana que dice "No a la censura."

Por David Aragort

Para la versión en inglés, consulte aquí

Durante los últimos años Venezuela ha experimentado diversas crisis en las que el acceso a información confiable y oportuna ha sido fundamental, pero no siempre posible. En 2019, los cortes eléctricos a nivel nacional afectaron la mayor parte de la infraestructura de telecomunicaciones del país, incluyendo aquellos servicios que permiten las transacciones financieras, por lo que las transferencias electrónicas y pagos con tarjetas de débito no estuvieron disponibles durante varios días. Debido a esto, la mayoría de los venezolanos tuvo problemas para acceder a insumos básicos como alimentos, medicina e incluso agua potable en medio de un vacío de información. Pero el país también ha sufrido apagones informativos en momentos cruciales. La crisis política generada por la fraudulenta elección presidencial de 2018 provocó un fuerte aumento en las restricciones de acceso a plataformas de redes sociales y varios medios de comunicación nacionales e internacionales.

En muchos casos los objetivos detrás de estas restricciones son claros, como impedir el acceso a información confiable durante elecciones, reducir la cobertura mediática de manifestaciones o sabotear iniciativas políticas de organizaciones opositoras. Este artículo hace un breve recuento de cómo ha evolucionado la capacidad del régimen venezolano para restringir el acceso a la información en Internet durante los últimos años, qué significa para los medios de comunicación y la sociedad civil y cómo a su vez ha fortalecido los esfuerzos para combatir la censura digital.

Bloqueo a Sitios Web en Venezuela

Los bloqueos a sitios web son restricciones en el acceso a uno o más sitios web específicos a través de medidas técnicas, siendo esta una de las prácticas de censura que han sido implementadas en Venezuela durante más de 14 años. En 2007, semanas después de la renacionalización de la principal empresa de telecomunicaciones del país, CANTV, y solo días después de que el gobierno forzara el cierre del canal de televisión más importante de ese momento, RCTV, un bloqueo basado en el sistema de nombres de dominio (DNS por sus siglas en inglés) comenzó a ser aplicado a través de CANTV contra las estaciones de radio digital Radionexx y Caracas Radio TV. Esta medida, dirigida contra medios de comunicación independientes, habría tenido el objetivo de restringir el acceso de los ciudadanos a noticias e información, un enfoque que hasta ese momento se había limitado solo a los medios de comunicación tradicionales.

Años después, señales de medidas más graves comenzaron a aparecer. Durante las elecciones presidenciales de 2013, el acceso a Internet a través de CANTV fue temporalmente interrumpido. Jorge Arreaza, el entonces ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y vicepresidente, alegó que la interrupción se llevó a cabo para prevenir supuestos intentos de hackeos al sitio web del Consejo Nacional Electoral.

Pero lo que inicialmente eran eventos aislados se convirtieron progresivamente en una política sistemática de censura en Internet. En 2017 Venezuela fue clasificada por primera vez como un país “no libre” según el reporte Freedom on the Net elaborado por la organización Freedom House, siendo el segundo país de la región, junto a Cuba, en recibir esta clasificación. En la edición del mismo reporte para el año 2020, Venezuela aparece como el país con la mayor caída de puntaje en el ranking durante los últimos cinco años.

Actualmente, los sitios web de decenas de medios de comunicación nacionales e internacionales se encuentran bloqueados en Venezuela, no solo por los proveedores de Internet estatales como CANTV y Movilnet, sino también por algunos de los principales proveedores de Internet privados como Movistar y Digitel, compañías que incluso han sido llamadas a comparecer ante la Asamblea Nacional para explicar las razones detrás de los bloqueos a estos sitios web informativos.

Para demandar transparencia, algunas organizaciones de la sociedad civil también han hecho solicitudes de información pública a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), organismo a cargo de regular, monitorear y controlar las telecomunicaciones en Venezuela, para conocer las razones detrás de estos bloqueos. Dichas solicitudes han sido negadas o no han recibido una respuesta oficial.  Sin embargo, en 2019 El Pitazo tuvo acceso extraoficial a la captura de pantalla de un correo electrónico en el que CONATEL supuestamente ordenaba el bloqueo del cuarto dominio del sitio web de este medio (los tres anteriores fueron bloqueados entre septiembre de 2017 y agosto de 2018). El contenido de dicho correo electrónico es consistente con otro filtrado meses antes, en el que CONATEL supuestamente ordenó el bloqueo del sitio web a través del cual se transmitía en vivo el concierto Venezuela Aid Live, un evento organizado por opositores al régimen de Nicolás Maduro para recaudar fondos para la ayuda humanitaria en Venezuela.

Según el informe más reciente de RedesAyuda sobre los ataques y restricciones a la libertad de expresión en Internet en Venezuela, durante 2020 los nuevos bloqueos a sitios web (excluyendo plataformas de redes sociales) se incrementaron 32 por ciento con respecto a 2019 y casi 154 por ciento con respecto a 2018. Además, en 2019 al menos 41 eventos de bloqueo fueron documentados contra plataformas de redes sociales o plataformas de streaming de audio/video. Estos eventos también afectaron algunos servicios asociados a estas plataformas, resultando en un total de 110 bloqueos adicionales — un claro indicador del incremento de las prácticas de censura en Internet en el país.

Más Censura, Más Sofisticada

El régimen venezolano no solo ha implementado bloqueos más frecuentemente, sino que también ha comenzado a diversificar sus herramientas de represión digital. Hasta 2018 los bloqueos documentados se llevaban a cabo mediante los servidores DNS de los proveedores de Internet, pero desde 2019 otros tipos de bloqueos comenzaron a ser identificados, como el filtrado de indicación del nombre del servidor (SNI por sus siglas en inglés), el cual ha sido aplicado a través del proveedor estatal CANTV a plataformas de redes sociales e incluso otros sitios web como Wikipedia. El filtrado de SNI es una variante de los bloqueos basados en la inspección profunda de paquetes que busca impedir que el navegador establezca una conexión segura con el servidor del sitio web a través del protocolo HTTPS, impidiendo así que el usuario pueda acceder al contenido.

Debido a esto, algunas empresas dedicadas al desarrollo y distribución de herramientas para la evasión de la censura en Internet, como TunnelBear y Psiphon, han hecho que sus servicios estén disponibles para los venezolanos de forma gratuita. Desafortunadamente, en respuesta a estas acciones también han sido bloqueados en varias ocasiones y usando diferentes técnicas. El primero de estos incidentes involucró a TunnelBear durante las protestas nacionales de 2014, usando una combinación de inspección profunda de paquetes y un bloqueo basado en los servidores DNS a su sitio web. El acceso a los sitios web principales de TunnelBear y Psiphon continúa bloqueado al momento de esta publicación. En 2018 el acceso a la red de Tor, utilizada para evadir la vigilancia y la censura en Internet, también fue bloqueado a través de CANTV y un reporte reciente parece indicar que esto podría estar ocurriendo de nuevo, aunque con menor eficacia.

En algunos casos los bloqueos a sitios web en Venezuela también son combinados o precedidos por ciberataques. Ejemplo de esto son los ataques de phishing y DNS spoofing contra las plataformas de VoluntariosXVenezuela y Héroes de la Salud, ejecutados desde CANTV durante febrero de 2019 y abril de 2020 respectivamente, con dos posibles objetivos principales: sabotear las iniciativas políticas impulsadas por partidos opositores al régimen y recolectar información sobre los usuarios de estas plataformas. El phishing es un tipo de ciberataque que busca engañar a la víctima para que realice acciones que normalmente no haría de forma voluntaria, como entregar información personal. El DNS spoofing es un ciberataque en el que la víctima es redirigida a un sitio web malicioso sin que ni siquiera sea consciente de que no está navegando en el sitio web original.

Recuperar la Gobernanza Digital Democrática

A pesar de que la censura en Internet en Venezuela se ha incrementado durante los últimos años, también lo ha hecho la comunidad de derechos digitales en el país. Actualmente existen más organizaciones que complementan el trabajo de las demás y permiten identificar las diferentes aristas de la censura en el ciberespacio venezolano al especializarse en diferentes temas: RedesAyuda y Conexo en seguridad digital, ProBox y Cazadores de Fake News en desinformación y manipulación de plataformas digitales, y Venezuela Inteligente en el análisis de la censura en Internet. También, organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa como IPYS Venezuela y Espacio Púbico han ampliado su alcance para incluir Internet, al igual que lo han hecho organizaciones internacionales que prestan apoyo a las locales.

Sin embargo, los proveedores de Internet en Venezuela no pararán de bloquear el acceso a los sitios web de medios de comunicación independientes a menos que CONATEL se convierta en un ente verdaderamente autónomo del gobierno nacional, así como los ciberataques respaldados por el Estado continuarán siendo ejecutados impunemente mientras no existan contrapesos para investigar y enjuiciar a los responsables. Detener esta política de censura dependerá de un cambio político que permita la restitución del Estado de derecho, el acceso a la justicia y la separación de poderes en el país.


David Aragort es investigador en temas relacionados a los derechos digitales, libertad de expresión, acceso a la información e internet abierto. También ha trabajado como entrenador en seguridad digital para periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y otras comunidades en riesgo en países como Venezuela, Cuba, Colombia y Brasil.

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